El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, se convirtió en la principal causa de muerte entre estadounidenses de 18 a 45 años.
En 2023, las muertes por sobredosis superaron las cifras de todas las guerras libradas por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, lo que refleja el impacto de esta crisis en la salud pública y la política internacional.
La Administración de Control de Drogas (DEA) señaló a China como el principal proveedor de los precursores químicos utilizados para fabricar el fentanilo, que llegan a México y son procesados por cárteles. Sin embargo, el Cato Institute indica que el 93% de las incautaciones ocurren en cruces legales, y el 86% de los traficantes condenados son ciudadanos estadounidenses.
Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, utilizó esta crisis como parte de su estrategia política, responsabilizando a México y China por el flujo de la droga. Por su parte, la administración de Joe Biden implementó sanciones contra empresas chinas vinculadas al tráfico de componentes del opioide y reanudó negociaciones con Pekín en noviembre de 2023 para controlar los materiales de síntesis.
México también enfrenta presiones internacionales como uno de los principales productores de fentanilo. Aunque el expresidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el consumo interno, se reconoce que el uso de esta droga está en aumento en el país. Los cárteles aprovechan la demanda en Estados Unidos y la laxitud regulatoria para mantener el flujo de opioides hacia el norte.
La crisis de opioides en Estados Unidos ha causado más de 500 mil muertes en las últimas dos décadas. A pesar de los esfuerzos diplomáticos y sanciones, el problema persiste, convirtiéndose en un desafío prioritario para las políticas de salud y seguridad en América del Norte.
