Profepa ordenó una serie de operativos que dieron como resultado la clausura de construcciones irregulares en predios con vegetación en status de protección
Mérida, Yucatán,18 de marzo de 2021.- La delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ordenó una serie de operativos que dieron como resultado la clausura de construcciones irregulares en predios con vegetación en status de protección y la clausura de edificaciones irregulares en terrenos de protección federal.
El primer operativo se realizó en la comunidad de Río Lagartos en donde se llevó a cabo una diligencia de inspección que dio como resultado la clausura de un asentamiento irregular, consistente de construcción de calidad no permisibles en esa zona, además de que la obra carece de la autorización en materia de impacto ambiental correspondiente.
Dicho asentamiento se encuentra dentro de un lote de 11 metros de ancho por 13 de fondo siendo un total de 143 metros cuadrados, inmerso en ese lote se encuentra la construcción de una casa de un nivel, con 20 metros de ancho por 40 metros de largo, la infraestructura se encuentra adyacente a la mancha urbana de la localidad y municipio de Río Lagartos por el lado norte y del lado sur se encuentra adyacente a la zona humedales.
El área clausurada se encuentra adyacente a los humedales con presencia de los cuatro manglares presentes en la Península, mangle rojo Rhizophora mangle, mangle blanco Laguncularia racemosa, mangle botoncillo Conocarpus erectus, mangle negro Avicennia germinans.
Dicha invasión se realizó de manera rápida, dejando la casa cerrada y sin ocupar, no existe familia alguna que la habite, lo que ocasiona la molestia de los residentes de la localidad, ya que se dice que dicha casa fue construida por personas que radican en el vecino estado de Quintana Roo.
En los dos últimos años ha sido notable el incremento de casas habitación en sitios no aptos para sustentar vivienda unifamiliar, sin contar con autorización de la SEMARNAT para el fomento y avance de la mancha urbana.
El segundo operativo se realizó tomando en cuenta el registro de notas periodísticas en donde se hace referencia a la apertura de brechas en zona de vegetación de manglar para fomentar los asentamientos humanos irregulares en terrenos ubicados en San Felipe, dicha problemática mencionan los quejosos se acrecentó en diciembre de 2018 e inicios de 2019 continuando hasta la fecha, lo anterior refrieren los denunciantes es debido a que la Presidenta Municipal de San Felipe promueve dichas invasiones, como promesa de campaña política, situación que no se ha comprobado hasta el momento.
Al llegar el personal al sitio y verificar la existencia caminos de relleno de terreno en zona de manglar, se procede a realizar la clausura de 1 mil 922 metros lineales por 5 metros de ancho de relleno a los humedales (9 mil 610 metros cuadrados) para la creación de accesos o calles
Las actividades de cambio de uso de suelo para él fomento y avance de la mancha urbana, en San Felipe, se realizan de manera constante y sin mediar autorización alguna por parte de la autoridad normativa (SEMARNAT), la problemática ambiental se entrelaza con problemática social, ya que es cierto la falta de sitios para tener una vivienda diga para los legítimos pobladores del municipio, sin embargo tales acciones se realizan de manera ilegal y en la gran mayoría de los casos afectando gravemente los recursos naturales del área natural protegida, ya que se considera sitio prioritario dentro de la Costa Norte Península de Yucatán.
La Reserva de la Biosfera Ría Lagartos (abarca los Municipios San Felipe, Río Lagartos y Tizimín), la Reserva Estatal de Dzilam (que se encuentra al poniente de la localidad de San Felipe), abarca los municipios de Dzilam de Bravo y San Felipe.
Estos operativos fueron realizados de manera coordinada con el grupo Guardaparques de dicha ANP, dos inspectores federales de la PROFEPA y el Subdelegado Jurídico de dicha Institución, y se contó con el apoyo en resguardado de un mando de la Guardia Nacional y 12 elementos de dicha corporación, para salvaguarda de la integridad de los funcionarios federales ejecutantes.
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